Sin dudas la Triple A fue la antesala de la dictadura en tanto y cuanto hubo una planificación desde el Estado que incluyó «zonas liberadas» para exterminar a parte de lo mejor de los luchadores obreros, estudiantiles, populares y dirigentes de la izquierda de aquella época. Fueron más de 1.500 asesinatos, 600 desapariciones y centenares de atentados. El PST, nuestro partido antecesor, sufrió en carne propia este accionar al igual que cientos de compañeros de otras organizaciones.
Sin embargo ninguno de los gobiernos que se sucedieron desde 1983 quiso investigar. El kirchnerismo, que hizo de los derechos humanos una de las banderas que despertó simpatías en franjas juveniles y de luchadores populares y de izquierda, puso un límite preciso en la memoria y la justicia que excluyó a la Triple A. Incluso cuando entre 2007 y 2008 en vida de Kirchner se abrió un amplio y positivo debate a partir de varias causas judiciales -en las que nuestro partido se presentó como querellante- que involu-craron a Isabel Perón y pusieron a la AAA en el banquillo de los acusados, el gobierno K cerró filas con la burocracia sindical y el aparato pejotista y se apresuró a contraatacar con una campaña para que las mismas no progresaran. Enojados, los gremialistas pegaron carteles que decían «No jodan con Perón». Es decir: mejor no investiguen, a ver si se descubre otra cosa…

Dos argumentos falaces

Hay frondosa literatura sobre la Triple A, incluso sobre su organigrama y las jefaturas de Rodolfo Almirón y Horacio Salvador Paino, entre otros siniestros personajes todos con prontuario en las FF.AA. o los servicios de inteligencia. Pero a la hora de considerar las responsabilidades políticas principales, surgen los argumentos falaces para cerrar la puerta a siquiera considerar que Perón fuera su mentor.
La primera falacia es que la Triple A comenzó a actuar después de la muerte del General. De ninguna manera. La cronología de atentados, secuestros y muertes recopilada por varias publicaciones lo desmiente de cuajo. La segunda falacia es que la responsabilidad política se agota en José López Rega o a lo sumo en Isabel Perón. Cuando «el Brujo» renunció forzado por una huelga general, se encontró un verdadero arsenal en su Ministerio de Bienestar Social. Sería infantil pensar que tamaña actividad delictiva no tuviera pleno conocimiento del presidente Perón, de quien López Rega fue su secretario privado durante décadas y luego su ministro estrella. La teoría del «cerco» sanitario tendido alrededor de Perón fue sostenida por sectores de la izquierda peronista hasta que el propio general los llamó «imberbes» y los echó de la Plaza de Mayo.

La única verdad es la realidad

Hay que abordar la formación de la Triple A como la versión más grotesca de un combo reaccionario que incluyó un progresivo recorte de las libertades democráticas operadas durante el gobierno peronista y que le allanó el camino a la dictadura genocida de Videla. La firma de los decretos de exterminio en 1975 que habilitaron la utilización del Ejército en la represión, las listas negras de artistas y luchadores obreros, populares y de izquierda, la intervención a varias universidades, las patotas sindicales, la Juventud Sindical Peronista, la CNU1, el CdeO2 y otras bandas conexas se demostraron componentes de un rompecabezas que tuvo en la Triple A su ejecutor principal y en el gobierno peronista su comando político.
Rodolfo Walsh, en aquella época militante montonero, denunció públicamente el organigrama jerárquico con las dos ramas fundamentales de la organización: la encabezada por Isabel y López Rega y las comandadas por los jefes policiales Villar y Margaride. Esta investigación fue confirmada años después por el fascista arrepentido Peregrino Fernández en su libro Crímenes en el Río de la Plata.
En los trabajos de Martín Caparrós y Eduardo Anguita, Miguel Bonasso y posteriormente de Sergio Bufano y Lucrecia Teixido también constan antecedentes de la banda y sobradas evidencias de la responsabilidad de Perón. La propuesta del general Perón, antes de ser reelecto presidente por tercera vez, de crear un somatén -grupo paramilitar catalán que luego daría origen a las falanges franquistas- está bien descripta en El presidente que no fue, libro de Miguel Bonasso. Lo mismo la masacre de Ezeiza, cuyo responsable el teniente coronel Osinde fue designado por el propio Perón y confirmado de inmediato como responsable de las relaciones militares, trabajando en colaboración con López Rega.

La «Orden secreta» de Perón

Cinco días después del asesinato de José Ignacio Rucci, burócrata secretario general de la CGT, en octubre de 1973 el Consejo Superior Peronista bajo la batuta del ya presidente Perón emite su «Documento reservado», luego conocido como «Orden secreta». En una reunión con gobernadores, burócratas sindicales y funcionarios, habilita a las patotas a que actúen contra «los marxistas» y define que hay que «impedir por cualquier medio» la proliferación de las corrientes políticas y gremiales clasistas. La confluencia de elementos de las fuerzas poli-ciales y de seguridad, militantes de organizaciones peronistas de derecha como el CNU y el CdeO y de las patotas armadas de los sindicatos están en el origen de la Triple A. Van gestando un comando central, financiado, armado y dirigido desde el Ministerio de Bienestar Social por López Rega, con el visto bueno de las patronales que quería «limpiar» de activistas sus empresas.
Estas bandas empiezan a accionar en común y a subordinarse a las Fuerzas Armadas. Dos ejemplos de ello son el llamado Operativo Independencia en Tucumán y la operación conjunta contra la heroica huelga de 60 días en Villa Constitución. Así los sectores operativos de la Triple A terminan integrados totalmente a los «grupos de tareas» de la dictadura, compartiendo el objetivo común de liquidar a una generación de luchadores obreros y populares.

Los partidos tradicionales, pacto de silencio

El pacto de silencio que se mantuvo todos estos años para preservar la responsabilidad de Perón y de burócratas sindicales y dirigentes políticos aún hoy en funciones no sólo es patrimonio de las diversas expresiones de la diáspora del PJ. También de la UCR, cuyo líder Ricardo Balbín denunciaba al activismo combativo como «guerrilla industrial», en sus diversas vertientes.
Por ello, cuando se activaron las causas judiciales en las postrimerías del mandato de Néstor Kirchner, se transformaron en una amenaza cierta de hacer desfilar en el banquillo a muchos funcionarios actuales del gobierno y dirigentes de otros partidos del sistema. Entonces cerraron filas junto a sindicalistas de la CGT para cajonear y sacar de los medios de comunicación un tema tan espinoso.
Si bien algunas causas como la que se tramita en Mar del Plata contra la CNU siguen activas, desde el gobierno de Cristina y de los demás candidatos ungidos por el establishment no se volvió a hablar más del tema.
Si realmente existiera voluntad política de avanzar se podrían reactivar los procesos para sacar a la luz toda la verdad sobre la Triple A y castigar a todos los responsables. Esclareciendo de una vez las responsabilidades políticas de la creación de la AAA, las listas de implicados, quiénes dieron las órdenes y quiénes las ejecutaron. Asimismo se debería disponer la inmediata apertura de todos los archivos de la época, tanto de la ex SIDE como de los servicios de inteligencia policiales y militares así como de los ministerios y sindicatos. Eso debe incluir el hacer públicas todas las «órdenes secretas» dictadas entonces.

El camino de la movilización

Es tarea de los luchadores impulsar la movilización unitaria lo más amplia posible para que la investigación sobre la Triple A y sus crímenes llegue hasta el final, para que el gobierno y el Estado pongan todos sus recursos a fin de que esto se logre y para llevar a la cárcel a todos los responsables y sus cómplices. Empezando por nuestros compañeros del PST asesinados por la AAA, nuestro compromiso es por todos los militantes que fueron víctimas de esa banda armada de ultraderecha.
Además, sostener la lucha por Memoria, Verdad y Justicia es otra forma de actuar contra la criminalización de la protesta social, contra el recorte de derechos y la mordaza que pretenderán imponernos, gane Macri o Scioli, para aplicar el ajuste que se viene.

Guillermo Pacagnini

Los secuestran en pleno centro de La Plata, cerca de la Catedral, y los llevan a la seccional policial de la calle 56, entre 13 y 14. Allí los golpean duramente. Al «Laucha» lo desfiguran tanto que no se lo pudo velar a cajón abierto. Finalmente trasladan a todo el grupo a La Balandra, un descampado de Berisso en la costa del río, donde los acribillan a todos adentro del auto; a Ana María Guzner la matan fuera del vehículo.
Se ensañan con ferocidad. Adriana Zaldúa tenía 79 balas en su cuerpo. Esto ya había ocurrido con nuestros tres compañeros obreros masacrados el año anterior en General Pacheco. Es probable que se tratara de un pacto de sangre, por el cual todos disparaban para que nadie quedara ajeno al hecho y pudiera confesar en el futuro.

Más muertes de la Triple A

Los cadáveres aparecieron en la madrugada del viernes 5. Una vez hecha la identificación, el partido salió a repudiar el hecho. En el Ministerio de Obras Públicas provincial, donde trabajaban Frigerio y Zaldúa, los trabajadores paralizaron sus tareas. El compañero Oscar Lucatti, que también trabajaba allí, fue al local central del partido en La Plata y junto a Carlos Povedano, miembro del comité regional, que había ido a retirar los cadáveres, y a Patricia Claverie, una militante estudiantil, a la tarde salieron a repartir volantes.
Este grupo de compañeros también fue secuestrado en las calles céntricas de La Plata. Una banda con armas largas los subió a la fuerza a un Fiat, cuya patente fue denunciada. Luego de largas horas de búsqueda, que fue obstaculizada por la policía que ya tenía los cadáveres en su poder, nuestros tres militantes aparecieron fusilados.
En esos días La Plata se había convertido en un territorio liberado para las bandas fascistas. El Partido Socialista de los Trabajadores se había dirigido con el histórico abogado socialista Enrique Broquen y las hermanas de Adriana Zaldúa a la Casa de Gobierno bonaerense para entrevistarse con el gobernador Victorio Calabró, dirigente de la UOM que sucedió a Oscar Bidegain cuando la izquierda peronista fue desplazada por Perón de sus ubicaciones gubernamentales. No estaban Calabró ni tampoco sus ministros o secretarios. No había ningún funcionario político a quien hacer la denuncia y el reclamo.

Un contexto político complicado

El fusilamiento de ocho militantes del PST fue quizás uno de los más terribles actos terroristas de la Triple A y las bandas fascistas del gobierno peronista de aquellos años. No obstante, aún sigue impune.
A diferencia del primer golpe asesino que sufrió nuestra organización en aquellos años, la Masacre de Pacheco a fines de mayo del ’74 y ante la cual el partido pudo generar una amplia movilización de repudio, el brutal ataque de La Plata encontraba al país en un marco distinto. Si bien hubo paro en el Ministerio de Obras Públicas y en la Universidad, donde trabajaban los compañeros, su velatorio y entierro tuvieron que hacerse en un clima político adverso, bajo la amenaza de una tercera ola de secuestros.
La Masacre de Pache-co había sido parte de un giro reaccionario del gobierno del general Perón y su esposa Isabel destinado a golpear al movimiento obrero y también a restringir las libertades democráticas, incluyendo a la oposición patronal. Por eso hasta la UCR se pronunció en solidaridad con el PST. Ese giro fue frenado por la respuesta obrera que derrotó el plan del ministro de Economía de Isabelita, Celestino Rodrigo. Con quince días de movilizaciones y un paro general de 36 horas, la clase trabajadora había hecho saltar a López Rega y al mismo Rodrigo, debilitando al gobierno de Isabel.
Pero a partir de allí la burocracia sindical empezó un repliegue, que le permitió a los capitalistas, los gorilas y los jefes militares descargar las bandas asesinas contra el movimiento obrero y la izquierda, como un prólogo del golpe contrarrevolucionario que vendría en marzo del ’76.
Esa traición, más el rol adverso que jugaban las acciones guerrilleras descolgadas de las luchas obreras y populares en un cuadro donde las bandas fascistas seguían golpeando, generó una importante confusión en el movimiento de masas. Esto impedía una respuesta contundente que unificara la resistencia a los planes de ajuste del nuevo ministro de Economía Antonio Cafiero, cuyo objetivo era que los trabajadores pagaran el costo de la crisis.

¡Compañeros del PST, presentes!

A 40 años de la Masacre de La Plata, desde el MST-Nueva Izquierda seguimos recordando y honrando a nuestros mártires. Ellos son parte del centenar de compañeros y compañeras del PST detenidos-desaparecidos. Jóvenes trabajadores y estudiantes, formaron parte de la generación combativa de los ’70 que luego con el golpe militar y la dictadura genocida pagaría el enorme precio de 30.000 vidas de militantes populares.
No por repetidas ciertas palabras dejan de ser válidas. El mejor homenaje que hoy podemos rendirles a los ocho compañeros asesinados en La Plata es redoblar nuestro compromiso y nuestra militancia cotidiana por el socialismo y la revolución.

Fueron grandes porque grande era su militancia por el socialismo

Como lo publicó en aquellos momentos Avanzada Socialista, el periódico del PST, Adriana Zaldúa, Patricia Claverie, Lidia Agostini, Oscar Lucatti y Ana María Guzner Lorenzo eran militantes de base, y Roberto Loscertales, Claudio Enrique Povedano y Hugo Frigerio eran dirigentes políticos y sindicales. Todos ellos dieron su vida por la causa de la revolución socialista.
Roberto «El Laucha» Loscertales. Tenía 31 años. Era miembro de la dirección regional del PST platense. Entró al partido en 1967 cuando estudiaba Ingeniería y fue el fundador de nuestras agrupaciones estudiantiles en la ciudad, por lo que era un dirigente reconocido. En 1972 dejó la facultad para recorrer el país para lograr, junto a otros compañeros, la legalidad del partido. Fue obrero de Astilleros Río Santiago, de donde fue despedido por impulsar la solidaridad con la lucha de Propulsora Siderúrgica. Dirigente natural, rápidamente se ponía al frente de los lugares donde estaba estructurado. Al momento de su muerte estaba apoyando la lucha de Petroquímica.
Hugo Frigerio. Había ingresado al PST en 1973 con las grandes movilizaciones de estatales, de las que fue un importante dirigente. Tenía 30 años. Integraba la comisión interna del Ministerio de Obras Públicas platense. Fue candidato en las elecciones y dirigente del frente partidario de estatales. Dos veces había escapado de atentados contra su vida.
Lidia Agostini. Había entrado recientemente al partido luego de recibirse de odontóloga. Fue de las primeras militantes del frente de profesionales. Con 27 años, trabajaba en un dispensario municipal de La Plata.
Ana María Guzner Lorenzo. Ingresó al PST en 1973. Fue delegada de la Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata. Trabajó en la Universidad durante 11 años hasta que la «misión Ivanissevich» la despidió. Luego ingresó como empleada en el Consejo de Profesionales de Economía bonaerense.
Adriana Zaldúa. Entró al partido en 1971 y tenía 22 años. Intervino en las movilizaciones de solidaridad con los trabajadores bolivianos y participó en la lucha que logró desalojar a los grupos fachos de la facultad. En el ’74 fue a Quilmes para participar en la formación de la Juventud y el trabajo docente. Había vuelto a La Plata y estaba militando en Arquitectura cuando fue asesinada.
Patricia Claverie. Se había ligado al PST en la ciudad de Bahía Blanca como activista del movimiento estudiantil. Luego viajó a La Plata a estudiar Ciencias Naturales, mientras trabajaba en el Senado provincial.
Carlos Enrique «Dicki» Povedano. Entró al partido en la Facultad de Ciencias Económicas en 1971. Organizó a sus compañeros de la Dirección de Previsión Social de la Nación, convirtiéndose en un dirigente destacado del sector. Era miembro de la dirección regional del PST de La Plata.
Oscar Lucatti. Ingresó al PST en 1972, en la preparación de las campañas electorales. Inició la construcción de la Juventud Socialista de Avanzada en Ensenada. Era delegado del Ministerio de Obras Públicas.

Gustavo Giménez