En medio de fuertes luchas obreras y populares, se anticipó el debate político-electoral. Aunque muy debilitado, el gobierno nacional ajusta y paga la deuda. El establishment lo banca para que avance con el ajuste, mientras buscan un reemplazo creíble entre postulantes «opositores» que no despegan. La crisis generalizada abre una oportunidad no sólo para impulsar a los nuevos dirigentes de base y desarrollar una nueva dirección sindical, sino para avanzar en una alternativa política de izquierda que dispute. En torno a estos ejes giró el análisis de nuestro congreso nacional.

Guillermo Pacagnini

El debate sobre la actualidad y el futuro del país se calienta. Cada charla que arranca de un problema sindical, barrial, ambiental u otro se desarrolla hasta preguntar cuál es la salida. Hay marchas, cortes, protestas, duros enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y reclamos que abarcan un amplio espectro de necesidades insatisfechas. Basta mencionar los conflictos en salud y educación, los reclamos por tierra y vivienda, por aumento de planes sociales y trabajo digno o las luchas obreras de EMFER-TAT.SA, Lear y Gestamp.
Mientras la tormenta de la economía capitalista mundial sacude a la Argentina, Cristina definió poner rumbo al ajuste y pago de la deuda a los buitres. Quiere culminar su mandato allanando el camino del próximo presidente y así asegurar la continuidad de la dependencia y el saqueo del imperialismo, los usureros y las multinacionales.
Pero la tarea no pinta fácil para los de arriba. Porque crecen las luchas obreras y populares, y aunque apelan a reprimir la protesta, el frente pro gobernabilidad entre gobierno, patronales y burocracia, con anuencia de la oposición tradicional, no logra frenar la bronca ni la disposición a la pelea.

Postales de fin de ciclo

La crisis es global: política, económica y social. Aunque Cristina, Capitanich, los gobernadores y diputados K finjan que no pasa nada, el gobierno va de mal en peor. Su doble discurso es cada vez menos creíble. La aceptación popular cae en picada. Las medidas económicas que empezaron con la devaluación, siguieron con tarifazos e impuestazos y techo salarial, se profundizaron con los despidos, suspensiones y la entrega a las corporaciones, el Club de París y ahora a los buitres. Todo esto empeora la situación y hace crecer la ruptura de amplios sectores que creyeron en que el kirchnerismo era un proyecto nacional y encarnaba un cambio ante el neoliberalismo.
Ya ni pueden tapar ni la corrupción individual ni la estructural, de la que Boudou es sólo una muestra. Y, como si todo esto fuera poco, Cristina multiplica deslices que confirman una alta desubicación política, como sus «chistes» con los trenes sin pensar en las 52 personas que murieron en la tragedia de Once por la desidia y la falta de control de los funcionarios del gobierno K.
La suma de recesión e inflación motoriza el conflicto social y amenaza la estabilidad que todos los de arriba quieren mantener.

«Opositores» vigilantes de la gobernabilidad

El fantasma de un nuevo 2001, ante el agotamiento del modelo K., impulsó al establishment a promover recambios, pero todavía ninguno de ellos ha demostrado ser un polo alternativo. Por eso, más allá de las disputas por imponer a Macri, Massa, Scioli, Cobos, Binner o quien fuera como presidenciable, el PJ, la UCR, el PRO y UNEN se cuidan de hacer olas. Macri y Cristina intercambian elogios y apoyos mutuos, aunque los K durante años agitaron el cuco de «la derecha». Es un tema para la reflexión de los compañeros y compañeras que honestamente confiaban en el modelo K.
En el triste papel de sacar agua del barco gubernamental en emergencia hay que incluir a toda la burocracia sindical. Colaboran intentando frenar brutalmente los conflictos, atacando a los nuevos dirigentes combativos y democráticos y, sobre todo, esquivando convocar a medidas de lucha nacionales como un paro general. Así le dan la espalda a las necesidades de los trabajadores que luchan por salarios, contra el impuesto a las ganancias, las suspensiones y los despidos.
En un país donde se están descongelando los reclamos surgidos del Argentinazo, ni semejante andamiaje de sostén puede descartar cambios bruscos que alteren las intenciones políticas de los de arriba.

Una conflictividad creciente

La crisis social tiene un doble motor que alimenta los conflictos. Uno es la inflación, que -lejos de amainar con la recesión- sigue galopante y se prevé una cifra mayor al 40%. Ella se comió los aumentos salariales del primer semestre y a eso se suma que más de un millón de trabajadores en blanco tributan el impuesto al salario, que no tienen margen para modificar -como confesaron- a causa del pago a los buitres.
El otro componente que llegó para quedarse es el parate en la industria, que castiga el ya débil aparato productivo, en especial en el sector automotriz. Lo que empezó como procedimientos de crisis y reprogramaciones productivas, dejó paso a las suspensiones, despidos y recortes salariales. Al ser dirigidos por comisiones internas combativas, los casos de EMFER/TAT.SA, Lear y otros son la punta del iceberg de un proceso que se extiende. La Volkswagen acaba de suspender 4.000 trabajadores y casos similares se reproducen en los cordones de Córdoba, Santa Fe y el norte bonaerense. Hasta Caló tuvo que admitir que hay 10.000 suspensiones y 2.000 despidos en su gremio…

La calle, disputada

La debilidad del gobierno, la necesidad de profundizar el ajuste y la imposibilidad de frenar los conflictos empuja los intentos represivos, como la ley antipiquetes y las acciones de Gendarmería. La ola de conflictos en el sector privado en defensa de la fuente de trabajo y la que se inició en docentes y estatales por aumento de salarios, con 7 provincias en lucha y llamados a no iniciar las clases tras las vacaciones de invierno significa un fuerte alerta para los planes de gobernabilidad.
A la burocracia le cuesta controlar, por su deterioro en las bases. Pero igual tienen que amagar con que van a salir a la pelea. Yasky y Caló, aplaudidores K, comenzaron tibiamente a hablar de hacer algo. Moyano, que no le dio continuidad al último paro y se dedicó al armado de un proyecto político patronal, volvió a hablar de paro nacional. Desde ya, ninguno de ellos levanta un programa con las demandas urgentes del conjunto del pueblo trabajador. A todos les preocupan los nuevos dirigentes que están al frente de varios conflictos, en un proceso que se amplía a nuevos sectores del movimiento obrero.
La CTA, junto a la Multisec-torial que integra nuestro partido, convocó a una jornada de lucha repudiando el pago de la deuda y planteando la necesidad del paro nacional, entre otros puntos. Pero se necesita preparar con urgencia el paro activo general y un plan de lucha con continuidad. Ese paro hay que prepararlo desde abajo, con reuniones de activistas y convocando o exigiendo asambleas y plenarios para debatir y preparar acciones. Y que el paro sea por los reclamos más urgentes, como prohibir por ley los despidos, nacionalizar toda fábrica que eche o suspenda, repartir las horas de trabajo sin rebaja salarial y por un plan económico de emergencia obrero y popular para que la crisis la paguen los capitalistas.

Desafíos para los luchadores y la izquierda

Junto a las cuestiones señaladas, las resoluciones aprobadas en nuestro congreso apuntan a las principales tareas que tenemos los luchadores en el próximo período. Además de la solidaridad internacionalista con Palestina, está el apoyo a EMFER y demás luchas para que ganen y al nuevo activismo que es el germen de una nueva dirección sindical. También, impulsar toda iniciativa contra la deuda fraudulenta y el pago a los buitres.
Son tiempos de crisis y luchas, a la vez que se adelanta el debate electoral y amplios sectores buscan una alternativa y miran hacia la izquierda. La definición de la fórmula Bodart–Ripoll y las demás candidaturas del MST-Nueva Izquierda en todo el país abonan en ese camino.