La decisión política de gobierno y patronales de hacernos pagar la crisis, está en la raíz de la respuesta obrera y popular que genera bronca y luchas crecientes. 

Guillermo Pacagnini

La inflación sigue y mes a mes se come sueldos, jubilaciones y planes sociales. El gobierno mantiene el impuesto al salario y mete tarifazos de servicios. Y la recesión castiga duro multiplicando despidos y suspensiones. Si bien hay un subregistro ex profeso y es más visible en las autopartistas, ya se ha generalizado a todo el movimiento obrero. Los analistas reconocen que si bien se fue instalando más lentamente que en la recesión de 2009, esta vez el proceso es más profundo y va a ser más duradero. Los casi 40.000 «Repro» de los que se jacta el gobierno, no son una graciosa concesión. Son el reconocimiento fáctico del desastre que ha llevado a la destrucción neta de más de medio millón de puestos de trabajo en los últimos meses. En el sector automotriz, la punta del iceberg son los despidos de LEAR, Gestamp y otras auto-partistas del Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Y los intentos de cierre de EMFER-TAT S.A. , ahora en la gráfica Donnelley, como antes sucedió con varios frigoríficos, entre ellos Paty. Hay despidos en diversos gremios y provincias.
En la construcción se estiman unos 30.000 despidos en los últimos meses, siendo un sector «mul-tiplicador de la economía» se transforma en un indicador del estancamiento económico, cuando es el propio INDEC quien ya no puede ocultar la debacle del mercado laboral, reconociendo que la desocupación subió 7.5% en el segundo trimestre. Por todo ello y pese a los traidores como Pignanelli de SMATA y toda la vieja burocracia sindical y sus patotas, en todo el país crecen los paros, cortes y protestas en defensa del salario y las fuentes de trabajo. Pelean docentes, trabajadores de la salud, docentes universitarios y otros estatales, así como muchos trabajadores del sector privado.

Represión y criminalización para que pase el ajuste

Ante los conflictos, el nada simpático vocero K Capitanich culpa a la izquierda y los nuevos delegados combativos de «hacer peligrar las fuentes de trabajo». El matón Berni reprime con policías y gendar-mes, mientras procesan a Vilma, los delegados de Lear y EMFER y amenazan con la ley antiterrorista, que no es para las patronales sino para los trabajadores y la izquierda. Además de avalar las tropelías de Pignanelli, el ministro Tomada multa o niega el reconocimiento a sindicatos de la FeSProSa que hacen paros en el interior. En esto hay un pacto reaccionario. Gobierno, patronales, burocracia y oposición de derecha, coinciden en un punto: hay que barrer a los dirigentes combativos para garantizar que pase el ajuste. Es una reacción defensiva frente al desprestigio de los viejos dirigentes vendidos y millonarios y su modelo sindical verticalista, que si bien vienen abortando la unificación de las peleas y la huelga general, no pueden impedir que se desarrollen las luchas por sector y al calor de las mismas ganen peso nuevos dirigentes que simpatizan con posiciones de izquierda.

Un programa obrero y popular para salir de la crisis

Desde nuestra corriente venimos proponiendo la necesidad de un programa alternativo al modelo de ajuste de Cristina y los gobernadores, receta que, con algunos matices de forma, sostiene también la oposición de derecha. Necesitamos una ley que prohíba los despidos y suspensiones, la estatización de toda empresa que cierre o despida. La apertura de los libros de las empresas para que no justifiquen sus quiebras fraudulentas y el reparto de las horas de trabajo sin reducción salarial. Eso hay que hacer en Donnelley, Lear, EMFER y toda otra empresa en situación similar. Es la única salida real para preservar los puestos de trabajo y el salario. Por otro lado, se necesita un aumento general de salarios, jubilaciones al 82% móvil y planes sociales, ajustados trimestralmente de manera automática según la inflación real. Planteamos la reapertura de las paritarias, anulación del impuesto al salario y rechazamos las leyes represivas y la persecución a los que luchan. También decimos no a los buitres y no al pago de la deuda externa; que esa plata vaya a los presupuestos sociales. Y una reforma tributaria anulando el IVA para los productos de la canasta básica y estableciendo impuestos progresivos a los grandes empresarios y las multinacionales. Estas deberían ser las primeras medidas de ese programa para que la crisis la paguen los que la generaron, los capitalistas y no el pueblo trabajador. Luchando asimismo por una nueva dirección democrática y combativa y un nuevo modelo sindical sin gremialistas ricos y eternos y donde la base decida todo.

Paro activo nacional y plan de lucha

Para frenar esta ola de despidos, suspensiones y todo este ajuste capitalista hace falta una acción unificada de todos los trabajadores. Necesitamos apoyar las luchas y coordinarlas. La CTA de Micheli resolvió una Jornada Nacional para el 26 de agosto con paros, cortes y movilizaciones en todo el país, levantando varios puntos del programa que proponemos. Es un paso adelante. Así como la definición de plantear un paro de 36 hs coordinado con la CGT de Moyano. Se necesita avanzar al paro nacional, cuya fecha no aparece. Moyano sigue hablando pero no define. Ha estado pasivo desde el último paro nacional, siendo parte también del sostenimiento de la gobernabilidad con la excusa de no hacer olas ante la negociación con los buitres. Ahora la presión de vastos sectores como los del transporte está agregando alta presión a la olla. Desde cada gremio, desde cada lugar de trabajo, tenemos que reclamar la convocatoria a ese gran paro nacional de 36 horas con movilización y que luego tenga continuidad. Para bregar porque no quede ni un solo trabajador más en la calle. Y para avanzar hacia derrotar este modelo de hambre, entrega y represión.

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